Déjanos tus comentarios

    INGRESE NUMERO CELULAR

    INGRESE CODIGO DE SEGURIDAD

    Ley 527 de 1999

    Define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y además, se establecen las entidades de certificación.

    La Ley 527 establece que las partes pueden utilizar la firma electrónica, si hay consentimiento de las mismas, en cualquier acuerdo.

    Se reconocen dos tipos de firma:

    1. Firma digital “con la misma fuerza y efectos que el uso de una firma manuscrita” y, de acuerdo al Decreto 2364 de 2012, con mecanismos que garantiza autenticidad e integridad.
    2. Firma electrónica con significativa merma en la carga probatoria.

    La firma digital debe contar con los siguientes atributos para tener la misma validez legal que la manuscrita:

    • Es única a la persona que la usa.
    • Es susceptible de ser verificada.
    • Está bajo el control exclusivo de la persona que la usa.
    • Está ligada a la información o mensaje, de tal manera que, si éstos son cambiados, la firma queda invalidada.
    • Está conforme a la reglamentación adoptada por el Gobierno Nacional.

    Modificada por el Decreto 19 de 2012, el cual enumera las normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

    El Gobierno Nacional sancionó el pasado 22 de junio la Ley 1902 de 2018, por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o descuento directo y se dictan otras disposiciones.

    Además de algunas precisiones relacionadas con el objeto de la libranza, como un instrumento que posibilita la adquisición de productos y servicios financieros o bienes y servicios de cualquier naturaleza, acreditados con el salario, los pagos u honorarios o la pensión, siempre que medie autorización expresa de descuento dada al empleador o entidad pagadora, la nueva ley reitera la obligación, esta vez para todas las entidades operadoras, de indicar en su objeto social la realización de operaciones de libranza y el origen lícito de sus recursos, aspectos que como reiteradamente lo ha señalado esta Confederación, no son elementos propios del objeto social de las empresas y por esa razón pedimos, sin éxito, que se eliminara del texto de la Ley 1527 de 2012 y que no se tuviera en cuenta en el proyecto recientemente aprobado.

    Adicionalmente, la nueva ley aclara el concepto de la libranza como un mecanismo de recaudo de los créditos otorgados y se establece con total claridad que las entidades operadoras, de acuerdo con su naturaleza, serán objeto de inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Economía Solidaria, la Superintendencia de Sociedades o la Superintendencia del Subsidio Familiar, según sea el caso.

    Como una nueva obligación para todas las operadoras de créditos, se consagra en la Ley 1902 la de contar con un departamento de riesgo financiero al interior de la organización, por medio del cual deberán adelantarse los correspondientes análisis de viabilidad, sostenibilidad, operatividad y demás estudios, con fines de pronóstico y evaluación del riesgo financiero y control de lavado de activos.

    En materia de protección al consumidor, se reitera que, con excepción de las entidades operadoras de libranza vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio será la entidad encargada de velar por la protección al consumidor en las operaciones de crédito otorgadas por entidades operadoras de libranza y en los contratos de adquisición de bienes o prestación de servicios en que la entidad operadora otorgue financiación de forma directa, siempre que dicha vigilancia no haya sido atribuida a otra autoridad administrativa.

    Entre las principales adiciones que hizo la nueva ley, se tiene un artículo referente a las sumas que se reputan como intereses, con el cual se elevó a rango legal la disposición contenida en el numeral 5º del capítulo XI del título V, de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria, de la siguiente manera:

    “Sumas que se reputan intereses en créditos de libranza. Para todos los efectos legales se reputarán intereses las sumas que la entidad operadora reciba del deudor de un crédito de libranza sin contraprestación distinta al crédito otorgado, aun cuando las mismas se justifiquen por concepto de honorarios, comisiones u otros semejantes. Así mismo, se incluirán dentro de los intereses las sumas que el deudor pague por concepto de servicios vinculados directamente con el crédito en exceso de las sumas que señale el reglamento.”

    Vale la pena recordar que esta Confederación ha venido adelantando gestiones en el Congreso de la República, desde el momento en que se inició el trámite del Proyecto de Ley 034 de 2016 en el Senado. El interés gremial apuntaba especialmente a que se permitiera a las cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, vender en forma directa los títulos valores que instrumentan los créditos otorgados mediante el mecanismo de la libranza.

    No obstante, tal solicitud no fue acogida y, creemos que, como consecuencia de la situación ocurrida en 2016 en el mercado de las libranzas, el artículo 6º de la Ley 1902 de 2018 incluyó un artículo en el que se dispone:
    “Se adiciona el siguiente artículo a la Ley 1527 de 2012:
    Artículo 17. Venta de cartera. La entidad operadora de libranza no vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia que pretenda enajenar, total o parcialmente, derechos patrimoniales de contenido crediticio derivados de operaciones de libranza, a favor de personas o entidades no sujetas a la vigilancia de la mencionada superintendencia, solo podrá hacerlo a favor de:

    1. Patrimonios autónomos administrados por Sociedades Fiduciarias sujetas a la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia.
    2. Fondos de Inversión Colectiva.
    En cualquiera de los eventos anteriormente descritos, la enajenación podrá realizarse en desarrollo de un proceso de titularización.

    El patrimonio autónomo o fondo de inversión colectiva deberá efectuar la operación de adquisición, recibir los recursos de los descuentos de parte de los empleadores o entidades pagadoras y, en general, administrar la cartera”. (…) (Subrayamos)
    La anterior restricción aplica a todas las operadoras no vigiladas por la Superfinanciera, incluso a las cooperativas que ejerzan la actividad de crédito o la actividad financiera bajo la supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria, las cuales, cuando pretendan vender títulos valores o derechos de contenido crediticio derivados de operaciones de libranza, deberán hacerlos a través de las dos figuras mencionadas en la norma.

    En el mismo sentido y como medidas de protección para las personas que compren derechos patrimoniales de contenido crediticio derivados de operaciones de libranza, a entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera, se adicionan los siguientes derechos:

    “1. El derecho a que el contrato de compraventa conste en un documento en el que se identifique detalladamente la cartera adquirida, de cuya existencia y estado se le deben entregar los respectivos soportes.
    2. El derecho a que se le informe de manera detallada y completa sobre los riesgos de la operación de compraventa de cartera y sobre la situación de la cartera comprada.
    3. El derecho a que se le revele la situación financiera del vendedor.
    4. El derecho a que el vendedor implemente mecanismos de gestión de los riesgos de la cartera y de su administración”.

    Por otra parte, se le agrega al Registro Único Nacional de Operadores de Libranza, la función de incorporar información de las operaciones de compra, venta y gravámenes que se hayan efectuado respecto de los derechos patrimoniales de contenido crediticio derivados de operaciones de libranza, realizados por entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, ello con el fin de que el público pueda acceder a la información relacionada con tales enajenaciones y gravámenes, tratando de evitar que a futuro se repita la situación ocurrida hace algunos años, cuando, abusando del desconocimiento de las personas, entidades inescrupulosas enajenaron varias veces los mismos derechos de contenido crediticio, defraudando a muchos inversionistas.

    Es importante mencionar que el artículo 10 de la Ley 1902 de 2018, adicionó un aparte al artículo 1º del Decreto 4334 de 2008, en virtud del cual puede generarse la intervención estatal, por conducto de la Superintendencia de Sociedades, en los negocios, operaciones y patrimonio de las personas naturales o jurídicas, cuando dichas personas realicen operaciones de venta de derechos patrimoniales de contenido crediticio derivados de operaciones de libranza sin el cumplimiento de los requisitos legales.
    Finalmente, la ley estableció un régimen de transición para los artículos 6 y 8, los cuales entrarán en vigencia después de 6 meses siguientes a su promulgación, es decir, a partir del 22 de diciembre de 2018.

    En cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto reglamentario 1377 de 2013 que desarrollan el derecho de habeas data, solicitamos su autorización para que la CREDITO2 SAS (en adelante la “CREDITO2”) en calidad de Responsable del Tratamiento pueda recopilar, almacenar, archivar, copiar, analizar, usar y consultar los datos que se señalan a continuación. Estos datos serán recolectados por la CREDITO2 con las siguientes finalidades, todas relacionados con las actividades de la CREDITO2 y el ejercicio de su objeto y sus actividades:

     

    1) Llevar a cabo el proceso pedagógico y demás objetivos educativos y académicos establecidos por la CREDITO2.

    2) Informar de manera oportuna a los estudiantes sobre las actividades de la CREDITO2, así como sobre los beneficios a los que pueden acceder, mediante las diferentes actividades y programas desplegados por la CREDITO2.

    3) Informar o invitar a los estudiantes a eventos, actividades, viajes y cursos.

    4) Adelantar campañas de seguimiento y verificación de calidad en el servicio, encuestas de satisfacción, actualización de datos de información, campañas pedagógicas y servicios especiales.

    5) Atender Preguntas Quejas y Reclamos – PQRs.

    6) Atención de requerimientos de autoridades y suministrar información a entidades administrativas, judiciales y públicas autorizadas por la Ley.

    7) Recaudar la información financiera de los estudiantes, para aquellos casos en que la CREDITO2 otorgue créditos a sus estudiantes o tenga que realizar cobros judiciales o extrajudiciales.

    8) El envío de correspondencia, correos electrónicos, newsletters, contacto telefónico o cualquier otro método con sus estudiantes, proveedores y usuarios de sus distintos programas, actividades, cursos, viajes, eventos y convenios, en desarrollo de actividades publicitarias, promocionales, de mercadeo (principalmente para sus actividades académicas y culturales) o estudios de mercado enfocados a su actividad educativa y cultural o para la prestación de servicios complementarios,  aun cuando hayan culminado sus estudios en la CREDITO2.

    9) Para el envío de correspondencia, correos electrónicos, comunicados, boletines virtuales, invitaciones o contacto telefónico de sus diferentes programas, actividades, cursos, viajes, eventos y convenios.

    10) Manejo interno a efectos de registro de sus estudiantes o titulares, que se inscriben o participan en las diferentes actividades, cursos, viajes, eventos y convenios de la CREDITO2.

    11) Análisis de riesgo crediticio, análisis estadísticos o de seguridad de sus estudiantes cuando la CREDITO2 les otorga créditos o plazos para el pago de sus programas o inscripciones.

    12) Ejecución y/o cumplimiento de los contratos o convenios que tiene con terceros para la ejecución de sus actividades, cursos, viajes, eventos y convenios.

    13) Para compartir información con aliados educativos, académicos y comerciales, para el ofrecimiento de servicios con beneficios para nuestros estudiantes y afiliados.

    14) Para compartirlos o enviarlos a terceros con quienes realice CREDITO2s, convenios o contratos para fines académicos, educativos o comerciales relacionados con la ejecución de las actividades comprendidas dentro del objeto de la CREDITO2.

    15) Mantenimiento por sí mismo o a través de un tercero, de las bases de datos.

    16) Obtención de información de grupos de interés para el relacionamiento de la CREDITO2 (datos de contacto de periodistas y autoridades).

    17) Transferencia y transmisión de datos a terceros dentro y fuera de Colombia con quienes realice convenios o CREDITO2s relacionadas con su objeto o sus actividades, o con quienes contrate estudios o les encargue el tratamiento de datos.

    18) Reporte y consulta a centrales de riesgo crediticio legalmente constituidas en Colombia principalmente a Datacredito y Sifin.

    19) Análisis de prospectos con fines académicos, educativos o comerciales.

    20) Gestiones de cobranzas o de índole comercial.

    21) Compartirla con terceros aliados, proveedores y sociedades ubicadas dentro o fuera del país, en particular para la realización de actividades académicas, educativas o comerciales.

    22) Las imágenes y registros efectuados por los equipos de video vigilancia serán utilizados exclusivamente para:

    – a) La seguridad de las personas que nos visitan.

    – b) Contar con la información para atender: Planes internos de emergencia en situaciones de riesgo. c) Para el desarrollo de los programas internos de nuestra institución en su beneficio. En ningún caso esta información será transferida ni transmitida a terceras personas, salvo que sea en cumplimiento de un deber legal.

     

    Los derechos que le asisten conforme a la ley al Titular de los datos son los siguientes: a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incom­pletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado; b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012; c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen; e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución; f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

     

    La vigencia de la base datos será la del periodo de tiempo en que se mantengan las finalidades del tratamiento en cada base de datos o aquel requerido de acuerdo a las normas contables, comerciales, tributarias, o cualquiera aplicable según la materia, con un plazo máximo de cincuenta años.

     

    Le informamos que puede consultar la Política de Tratamiento de la Información de la CREDITO2 en la página https://credito2.coque contiene los lineamientos, directrices y procedimientos sobre el tratamiento de la información de terceros por parte de la CREDITO2 y la forma de hacer efectivos sus derechos, consultas y solicitudes de supresión de datos. Así mismo podrá consultar allí cualquier actualización a dicha política. La CREDITO2 garantiza la confidencialidad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se reserva el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento.

     

    Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita e informada, a la CREDITO2 para tratar mis datos personales de acuerdo con su Política Interna de Tratamiento de Datos Personales y para los fines relacionados con su objeto social y, en especial para fines legales, contractuales, educativos, académicos, culturales y comerciales descritos en las Políticas Internas de Tratamiento de Datos Personales de la Corporación.

     

    La información objeto del Tratamiento de Datos Personales fue suministrada de forma voluntaria y es verídica.